Marchena, 6 de diciembre de 2025. La Mancomunidad Intermunicipal Campiña 2000 ha originado un enfrentamiento político y jurídico entre ayuntamientos de la comarca tras la entrada en vigor de una modificación de la ordenanza fiscal que eleva de forma notable la tasa por tratamiento y reciclaje de residuos.
La medida, aprobada definitivamente el 26 de diciembre de 2024 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, afecta a todos los municipios integrados en Campiña 2000, según han subrayado responsables municipales que han querido precisar el alcance del cambio. Entre las localidades implicadas figuran Arahal, Paradas, Marchena, Morón de la Frontera, La Puebla de Cazalla, Lantejuela y Osuna, donde la subida ha sido recibida con consternación por ciudadanos y ediles.
La decisión de la mancomunidad ha provocado una reacción institucional: el Ayuntamiento de Marchena ha autorizado a su alcaldesa a iniciar acciones judiciales contra la ordenanza, en un acuerdo plenario respaldado por todos los grupos municipales y motivado por el perjuicio económico que supondrá para los hogares de la localidad. El pleno destaca que la modificación encarece “significativamente” la tasa y faculta al municipio para recurrir. Otros consistorios estudian medidas similares, según fuentes locales.
La polémica tiene también un componente interno de gestión: la presidencia de la mancomunidad recayó en 2023 en el alcalde de Morón de la Frontera, Juan Manuel Rodríguez, y desde su relevo se impulsó la revisión tarifaria que ahora entra en vigor, lo que ha provocado malestar en ayuntamientos gobernados por el mismo partido. El cambio de liderazgo y la velocidad de la subida han sido apuntados por responsables locales como factores que han tensionado las relaciones intermunicipales.
En el terreno práctico, los alcaldes afectados alegan que la subida llega en un momento de presión económica para las familias y exigen a la mancomunidad la revisión de criterios y una mayor transparencia en el cálculo del nuevo régimen tarifario. Mientras tanto, la vía judicial y la movilización política apuntan a que el conflicto no quedará resuelto en breve, y los vecinos de la Campiña esperan los próximos pasos de los ayuntamientos para conocer el impacto real en sus recibos.
