Cuando un español oye la palabra frontera, ve una fotografía concreta. Una valla alta, alambre enrollado en lo alto, siluetas encaramadas contra un cielo claro. La imagen está en la cabeza de todos, de los que quieren más vallas y de los que quieren ninguna.
Esa fotografía contiene cuatro creencias, y las cuatro son falsas.
Creemos que la frontera es un lugar. Que se puede señalar en un mapa, que empieza aquí y acaba allá. Pero la frontera española no está solo en el Tarajal. Está en Rabat, donde se paga para que la contención ocurra antes. Está en los consulados que conceden o niegan un visado. Está en los campos de fresa de Huelva, donde cada temporada se decide cuántas temporeras marroquíes entran con contrato y avión. La línea del mapa es la parte más pequeña y la menos importante.
Creemos que está hecha de hierro. Pero el 29 de junio una sentencia del Tribunal Supremo movió la frontera sin tocar una sola piedra, y semanas después el Gobierno la volvió a mover con quinientos metros de plástico. Lo que separa a una persona de otra en el Estrecho no es un material: es un párrafo.
Creemos que es estática, algo heredado, casi geográfico, como la desembocadura del Guadalquivir. Pero se reescribe constantemente, en decretos que casi nadie lee y en acuerdos que ni siquiera se publican.
Y creemos, sobre todo, que sirve para detener personas. No es eso lo que hace. Lo que hace una frontera es decidir qué es legalmente cada persona que la toca. No frena cuerpos: reparte nombres. A un lado eres un delincuente, al otro un expedientado. Con un papel eres temporera, sin él eres irregular. La misma mujer, el mismo día, el mismo pueblo de origen.
Hay una razón para que prefiramos la imagen equivocada. Una valla que falla es un problema técnico, y los problemas técnicos tienen un culpable con nombre y un ingeniero que lo arregla. Un régimen jurídico injusto es un problema moral, y esos no tienen técnico. Solo nos tienen a nosotros.
La prueba mide medio kilómetro
Las boyas que la Guardia Civil instaló el 1 de agosto en el espigón del Tarajal sobresalen entre treinta y setenta centímetros del agua. No detienen a nadie. Un adulto las pasa por encima sin esfuerzo.
No están ahí para eso.
El Tribunal Supremo había dictado semanas antes que a quien entra a nado no se le puede aplicar el rechazo en frontera, porque no supera ningún elemento de contención. Y añadió una frase: nada impediría aplicarlo si se establecieran elementos de contención en el mar.
Esas boyas son esa frase convertida en plástico. No cambian lo que una persona puede hacer. Cambian lo que la ley dice de ella cuando lo hace.
Medio kilómetro de flotadores que no detienen a nadie y lo cambian todo. No hay mejor definición de lo que es realmente una frontera europea.
Quince kilómetros
Piense el lector en alguien que no ha golpeado a nadie, no lleva un arma, no ha roto nada. Una persona pacífica. Y sígala en un recorrido de quince kilómetros.
En Fnideq, en territorio marroquí, esa persona está cometiendo un delito. La Ley 02-03, aprobada en 2003, tipifica la migración irregular y la ayuda a ella. El 15 de agosto, ante la segunda convocatoria, las fuerzas marroquíes desplegaron tanques de agua y gases lacrimógenos. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos contabilizó 111 detenidos entre Tetuán y Nador, veintitrés de ellos menores. Hay procesados.
Si esa misma persona alcanza el agua y llega a la playa del Tarajal, cambia de ordenamiento. Aquí ya no es delincuente: es responsable de una infracción administrativa. La Guardia Civil no puede usar la fuerza contra ella. Tiene derecho a un expediente individual, a asistencia letrada, a intérprete, a pedir asilo y a que nadie la devuelva mientras se resuelve.
Misma persona. Misma conducta. Mismo día. La única variable es de qué lado de una línea está.
Y esa línea la trazamos nosotros.
Lo que cuesta
La Unión Europea aprobó entregar a Marruecos 500 millones de euros entre 2021 y 2027 para reforzar el control fronterizo. El dato no figura en ninguna nota de prensa de la Comisión. Lo adelantó un periódico y se confirmó en 2023.
Antes, el Fondo Fiduciario para África comprometió 234 millones entre 2015 y 2021, de los que el 77% fue a gestión de fronteras y lucha contra la trata. España añade partidas propias de cooperación y de Interior.
El 3 de agosto, con 72 muertos según la Delegación del Gobierno y 88 cadáveres según el Gobierno de Ceuta, la presidenta de la Comisión Europea felicitó a España y a Marruecos por una gestión eficiente y eficaz.
Es ahí donde conviene detenerse. No en el dinero. En la felicitación.
Lo que no vamos a fingir
Este periódico no tiene la solución y no va a simular que la tiene.
Marruecos no es un sicario a sueldo. Es un Estado soberano con su propio problema migratorio, y su ley de extranjería es de 2003, anterior a casi todo este dinero. Vigilaría sus fronteras igualmente. Su Gobierno repite que no quiere ser el gendarme de Europa y reclama una cooperación entre iguales, y ese reproche tiene fundamento.
Tampoco es cierto que todos los que cruzan sean pacíficos. En los saltos de valla ha habido agresiones reales a agentes, con piedras, ganchos y sustancias cáusticas, y guardias civiles heridos. Quien lo niegue miente igual que quien llama invasión a miles de chavales nadando.
Y no existe la alternativa limpia. Sin cooperación al otro lado probablemente habría más muertos, no menos. Los 72 o los 88 de julio ocurrieron con la cooperación funcionando.
Los números que nadie quiere completos
Tampoco vamos a esconder la estadística, porque esconderla es la forma más segura de que la use otro.
Según la estadística de condenados del INE, en 2023 la tasa por cada mil habitantes mayores de edad fue de 14,6 entre los extranjeros y 5,8 entre los españoles. Dos veces y media. Un informe del Observatorio Demográfico del CEU-CEFAS añade que los extranjeros, el 15% de los residentes de 18 a 60 años, protagonizaron el 43% de los robos con violencia y el 33% de los hurtos.
Eso es cierto y decirlo no es racismo. Ocultarlo, en cambio, sí es paternalismo.
Ahora la otra mitad, que casi nunca se publica junto a la primera.
Un estudio de la Universidad Carlos III publicado en agosto en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas, revisado por pares y con datos de 2007 a 2023, demuestra que al comparar personas de la misma edad y del mismo sexo la diferencia se reduce a la mitad. La población extranjera concentra más varones jóvenes, que es el grupo con más delincuencia en cualquier sociedad del mundo, incluida la nuestra.
Y la diferencia por origen destroza el relato simple. Los procedentes de los Balcanes multiplican por nueve la tasa española. Argelia la quintuplica. Pero India, China, Filipinas y Pakistán están por debajo de la tasa española. Malí también.
Si lo decisivo fuera venir de un país pobre, con guerra o con peor escuela, Malí no estaría por debajo de Cuenca y los Balcanes no estarían nueve veces por encima. Lo que predice el dato no es de dónde viene alguien. Es cómo vive aquí: la pobreza entre extranjeros no comunitarios supera el 40%, frente al 20% de la población general.
Y aquí vuelve la frontera
Falta la pieza que conecta todo esto con lo anterior, y es la más incómoda.
Lo que la evidencia señala como factor agravante no es el origen ni la religión. Es la irregularidad administrativa.
Paolo Pinotti, de la Universidad Bocconi, publicó en American Economic Review el estudio de referencia: legalizar a inmigrantes indocumentados en Italia redujo a la mitad la probabilidad de que reincidieran. El mecanismo es elemental. Quien puede trabajar tiene algo que perder. En el Reino Unido, Bell, Fasani y Machin encontraron que la llegada de ciudadanos comunitarios no tuvo ningún efecto sobre el crimen, mientras que los solicitantes de asilo sin derecho a trabajar sí elevaron los delitos contra la propiedad. No el asilo: la prohibición de trabajar.
Léase despacio lo que eso significa.
Pagamos cientos de millones por un régimen de frontera cuyo producto es exactamente la condición que la evidencia identifica como agravante. Financiamos la irregularidad y después nos asustamos de sus efectos. Y cuando alguien propone reducir esa bolsa, se le acusa de crear un efecto llamada.
Conviene añadir el dato agregado, porque desactiva el pánico de un golpe: España tiene hoy el doble de residentes extranjeros que en 2005 y la tasa de criminalidad está en 40,6 delitos por mil habitantes, la más baja de la serie histórica según el Ministerio del Interior.
La pregunta
Hemos escrito unas leyes de las que estamos orgullosos. Prohíben usar la fuerza contra quien no agrede. Obligan a examinar caso por caso. Impiden devolver a alguien a un lugar donde corra peligro. Son, con todos sus defectos, uno de los logros europeos del último siglo.
Y después hemos descubierto que cumplirlas tiene un precio que no queremos pagar.
Así que hemos comprado una jurisdicción donde no rigen. Un lugar a quince kilómetros donde la misma persona es un delincuente, donde no hay recurso ante Estrasburgo porque Marruecos no es parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y donde lo que aquí sería un escándalo allí es una noticia de agosto que dura dos días.
No hemos derogado nuestros principios. Los hemos trasladado de domicilio.
De qué se ha hablado estas seis semanas
De ninguna de estas cosas.
Se ha hablado de si el CNI avisó. La ministra de Defensa dijo en el Congreso el 25 de agosto que sí, el ministro del Interior dijo ese mismo día que no, la Delegación del Gobierno en Ceuta emitió una nota desmintiendo a la ministra, Moncloa respaldó al ministro y encargó averiguar si los servicios de inteligencia habían ocultado informes. El 12 de septiembre, los documentos desclasificados apuntaron a que el delegado sí recibió avisos, y su jefe de gabinete dimitió.
Se ha hablado de las vacaciones del presidente. Una encuesta reciente preguntó a los españoles si Sánchez debió suspenderlas, y el 76% respondió que sí. Esa fue la pregunta que se consideró relevante formular a la ciudadanía.
Se ha hablado en la calle. El 2 de septiembre se convocaron más de 260 concentraciones en toda España en apoyo a Ceuta. En Cibeles se reunieron 50.000 personas según la Delegación del Gobierno. En casi todas se acabó gritando «Gobierno, dimisión». Frente al Congreso hubo cuatro detenidos, dos de ellos menores, y cuatro policías heridos. Terminada la jornada, el PSOE acusó al PP de sacar rédito político.
Y mientras tanto, en Ceuta siguen 2.100 menores, un tercio de ellos niñas, según la ministra de Juventud e Infancia. El mecanismo de reparto ha trasladado 720 en más de un año, a sesenta al mes. A ese ritmo harían falta cuatro años.
Nadie ha gritado esa cifra en ninguna plaza.
Por qué
No es casualidad, y aquí este periódico se incluye.
Preguntar si el CNI avisó es cómodo porque tiene culpable. Preguntar por las vacaciones del presidente es cómodo porque tiene culpable. Gritar «dimisión» es cómodo porque tiene culpable. Todas esas preguntas terminan señalando a alguien que no somos nosotros, y esa es exactamente su utilidad.
Preguntar qué se paga a Marruecos, con qué condiciones y a cambio de qué trato a las personas, no tiene culpable. O lo tiene repartido entre gobiernos de los dos colores, una Comisión Europea del Partido Popular Europeo y un electorado que lleva veinte años votando sin preguntarlo.
Una pregunta sin culpable no sirve para ganar unas elecciones. Por eso no se hace.
Conste que exigir responsabilidades por las contradicciones del Gobierno es legítimo y necesario. El problema no es que se pregunte eso. Es que se pregunte solo eso, durante seis semanas, en todas las emisoras, a todas horas.
Justos por pecadores
Se dice a menudo, y con razón, que no es justo que paguen justos por pecadores. Conviene aplicar la frase entera.
El expediente individual, ese procedimiento lento que tanto se critica, con su abogado y su intérprete y sus setenta y dos horas, existe precisamente para separar a unos de otros. Quien dice «hay violentos entre ellos, devolvámoslos a todos sin mirar» está pidiendo, con otras palabras, que paguen justos por pecadores.
Y en esta historia pagan casi todos por pecados ajenos. Los 88 muertos, por decisiones tomadas en despachos que no conocían. Los 2.100 menores, por un pulso entre comunidades autónomas del que no saben nada. Los 83.000 ceutíes, por una relación diplomática que se negocia en Rabat y en Madrid sin consultarles. Los guardias civiles heridos, por una política que no diseñaron. Y los vecinos de cualquier pueblo de esta provincia, por un dinero cuyo destino no pueden leer.
Los únicos que no pagan por pecados ajenos son los que toman las decisiones.
Lo que pedimos
No pedimos abrir las fronteras. No es la posición de este periódico y no resolvería nada.
Pedimos algo mucho más pequeño y mucho más difícil de negar: que se pueda leer el recibo.
Cuánto se paga, a quién, con qué condiciones y qué se exige a cambio en materia de trato a las personas. Que figure en el BOE y en el Diario Oficial de la Unión Europea, y no en filtraciones a la prensa.
Una democracia puede decidir que necesita que otro haga el trabajo sucio. Lo que no puede es decidirlo sin enterarse. Porque entonces no ha decidido nada: simplemente ha mirado hacia otro lado, ha discutido seis semanas sobre unas vacaciones y ha llamado a eso una política de Estado.
