Juanma Moreno ha sido investido presidente de la Junta de Andalucía en segunda votación tras cerrar un acuerdo de gobierno con Vox apenas horas antes. El pacto, rubricado el 2 de julio, incluye 150 medidas y otorga a Manuel Gavira una vicepresidencia y la gestión de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. La coalición PP-Vox suma 68 diputados de los 109 del Parlamento andaluz. La oposición socialista y los sindicatos critican recortes en derechos y servicios públicos.
Sevilla, 4 de julio de 2026. Juanma Moreno ha logrado la reelección como presidente de la Junta de Andalucía con el respaldo de Vox, tras 24 días de negociaciones intensas que desembocaron en un acuerdo de coalición suscritos el 2 de julio en el Parlamento. El pacto permitió superar una primera votación fallida del martes en la que el candidato popular obtuvo solo los 53 votos de su partido, quedando seis diputados por debajo de la mayoría absoluta requerida.
El nuevo ejecutivo andaluz es el primero que Moreno forma con otro partido en sus ocho años dirigiendo la Junta. Vox entra en la administración autonómica con una vicepresidencia para su portavoz parlamentario, Manuel Gavira, quien asumirá una macroconsejería que aglutina Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. El PP mantiene la cartera de Agricultura. El acuerdo garantiza además un senador para Vox por designación autonómica y la Vicepresidencia Primera de la Mesa del Parlamento.
El documento, titulado «Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía«, se estructura en torno a 150 medidas que cubren desde fiscalidad y presupuestos hasta inmigración, vivienda y sector primario. El pacto incorpora la cláusula de «prioridad nacional», un concepto que Vox había defendido como requisito indispensable para facilitar la investidura. Esta fórmula establece que los recursos y prestaciones públicas beneficien preferentemente a ciudadanos españoles, apoyándose en criterios de «arraigo» territorial.
Entre los compromisos principales figura la aprobación de presupuestos para 2027, 2028, 2029 y 2030, una reducción progresiva del IRPF de 0,25 puntos anuales en los tramos bajos de renta, y ampliación de deducciones por nacimiento de hijos. El acuerdo incluye medidas que rechaza políticas migratorias del Gobierno central y recorta ayudas a organizaciones que faciliten la inmigración sin documentación. Suprime también el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en centros educativos.
En materia agraria, el pacto reduce progresivamente tasas autonómicas vinculadas a agricultura, ganadería, caza y pesca, y protege la dehesa como ecosistema de alto patrimonio. Contempla un plan estratégico de ganadería para revertir pérdidas de cabaña bovina, ovina y caprina en los últimos años. En vivienda se compromete a construir al menos 20.000 viviendas protegidas mediante colaboración público-privada.
La investidura ha generado reacciones enfrentadas. El PSOE-A ha criticado con dureza el acuerdo. La secretaria general socialista, María Jesús Montero, ha afirmado que Moreno «ni es moderado ni le importa su palabra» tras aceptar la «prioridad nacional» de Vox, a quien acusó de entrar en la administración «por primera vez después de la dictadura». Los socialistas califican el entendimiento como involucionista en derechos y servicios públicos.
Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han advertido de posibles recortes en derechos sociolaborales y una aceleración de la privatización de servicios públicos. La dirección nacional del PSOE, a través de la secretaria de Organización Rebeca Torró, ha insistido en que el PP «ya no sabe gobernar sin Vox» y que ambas formaciones representan un mismo proyecto político.
Moreno reconoció en declaraciones públicas no estar «contento» con tener que negociar un gobierno de coalición. Aseguró que su objetivo era mantener la mayoría absoluta obtenida en 2022, cuando el PP conquistó 58 de los 109 escaños parlamentarios. En esta ocasión, los populares perdieron 5 diputados con 53 escaños. El presidente justificó el pacto argumentando que evita una repetición electoral que habría prolongado el bloqueo institucional durante varios meses.
El acuerdo sitúa a Andalucía como la cuarta comunidad gobernada por una coalición PP-Vox en los últimos meses, tras Castilla y León, Extremadura y Aragón. La mayoría parlamentaria de 68 diputados garantiza la aprobación de los presupuestos de la legislatura y proporciona estabilidad institucional durante los próximos cuatro años, aunque genera tensiones ideológicas que marcarán el debate político autonómico.
