El 25 de mayo el Vaticano publicó Magnifica Humanitas, la primera encíclica papal dedicada por completo a la inteligencia artificial. Firmada por León XIV en el 135.º aniversario de Rerum Novarum, plantea cuestiones que ya formaban parte del debate público: concentración de poder tecnológico, diseño adictivo, condiciones laborales y polarización. La novedad está en quién las nombra, en el marco que utiliza y en algunas propuestas concretas que merecen explicación.
Una voz inesperada en un debate técnico
Que un Papa entre en el debate sobre algoritmos puede parecer un movimiento extraño, pero responde a una tradición que la Iglesia católica viene desarrollando desde finales del siglo XIX. En 1891 León XIII publicó Rerum Novarum ante las transformaciones de la revolución industrial. Aquel texto inauguró lo que se conoce como doctrina social de la Iglesia, una serie de documentos sobre trabajo, economía y vida en sociedad que se han actualizado con cada gran cambio histórico. Laudato Si’ (2015), de Francisco, abordó la crisis ecológica. Fratelli Tutti (2020) trató la fraternidad y el orden internacional. Magnifica Humanitas se sitúa en esa misma línea aplicada ahora a la transformación digital.
El nombre elegido por el nuevo Papa, Robert Francis Prevost, no es casual. Al llamarse León XIV establece una conexión deliberada con el León XIII de la cuestión obrera. La encíclica se articula sobre dos imágenes bíblicas que funcionan como metáfora del debate: la torre de Babel, símbolo de la construcción humana sin límites que acaba en dispersión, y la reconstrucción de los muros de Jerusalén por Nehemías, símbolo del trabajo compartido. Traducido al castellano civil, la disyuntiva que plantea el texto es la siguiente: la tecnología se puede construir desde la lógica del dominio y la concentración de poder o desde la corresponsabilidad y el bien común.
El diagnóstico: ideas que conectan con lo que ya sabíamos
Lo más llamativo del documento es que gran parte de su diagnóstico no es nuevo. La encíclica habla de la «economía digital de la atención», de cómo las plataformas se diseñan para captar el tiempo del usuario y de la dificultad de la regulación, en términos muy cercanos a los que ya abordamos al hablar de cómo la justicia empieza a cuestionar el diseño adictivo de la tecnología digital. Cuando aborda la desinformación amplificada por IA, las cámaras de eco y el riesgo de empobrecimiento del debate público, reproduce un esquema parecido al que analizamos al hablar de los retos de la ciudadanía digital frente a la manipulación.
El texto dedica también un capítulo al trabajo en la transición digital. Advierte de que la automatización no produce mejoras automáticas: en muchos casos descualifica al trabajador, lo somete a vigilancia algorítmica y lo relega a tareas repetitivas. Conviene recordar aquí que España cuenta con cerca de tres millones de trabajadores en situación de pobreza laboral, una cifra que en Andalucía afecta a casi uno de cada cinco empleados, como ya recogíamos al hablar de cuando el consumo se convierte en el último margen de protesta. En materia internacional, la encíclica reclama la defensa del multilateralismo y de las reglas comunes frente al derecho del más fuerte, lo que enlaza con el debate planteado en valores y reglas en tiempos de polarización.
Lo significativo no es que estas ideas resulten novedosas, sino que aparezcan reunidas en un único marco y que cuenten ahora con el respaldo de un actor con influencia global.
El destino universal de los datos: una idea para tomarse en serio
Si hay un concepto del documento que merece explicación detenida, es el que el Papa llama destino universal de los datos como bien común. Es probablemente la propuesta más concreta del texto, y también la que más debate puede generar entre tecnólogos, juristas y reguladores. Conviene desmontarla en sus piezas.
La doctrina social de la Iglesia ha defendido tradicionalmente que los bienes de la tierra —el suelo, el agua, el aire, los recursos naturales— fueron entregados a toda la humanidad, y no a unos pocos. Es lo que se conoce como «destino universal de los bienes». No significa, por sí solo, abolir la propiedad privada: el propio Juan Pablo II reconocía que existe un derecho a poseer, gestionar y trabajar los recursos. Pero ese derecho está subordinado a una función social. La propiedad privada se justifica si sirve para que los bienes lleguen mejor al conjunto, no para acumularlos.
Lo que León XIV hace en el párrafo 67 de la encíclica es aplicar este principio a una realidad nueva: las patentes, los algoritmos, las plataformas digitales, las infraestructuras tecnológicas y, sobre todo, los datos. El planteamiento es que, en una economía donde la riqueza depende cada vez menos de la tierra o de las fábricas, y cada vez más del conocimiento, la información y la capacidad de cómputo, estos nuevos recursos no pueden tratarse como propiedad exclusiva de quien primero los recolecta.
La idea, traducida al lenguaje cotidiano, es la siguiente. Cada vez que abrimos una aplicación, hacemos una búsqueda, encendemos el localizador del móvil o publicamos algo en una red social, generamos datos. Esos datos, agregados por millones, son los que entrenan los modelos de inteligencia artificial, mejoran los mapas, alimentan las decisiones publicitarias y permiten anticipar tendencias económicas. Sin la actividad cotidiana de millones de usuarios no habría datos, y sin datos no habría inteligencia artificial moderna. Sin embargo, la titularidad y el control de esa información están hoy concentrados en un puñado de empresas. El Papa formula la pregunta de forma directa: si un recurso lo generamos entre todos, ¿por qué debería pertenecer en exclusiva a quienes lo recolectan?
La analogía más clara, para entenderlo, es la del agua. Un agricultor sevillano puede ser propietario de un pozo, pero el agua del acuífero no es suya: pertenece al conjunto, y por eso existen normativas que regulan cuánto puede extraer y bajo qué condiciones. La encíclica propone aplicar a los datos una lógica parecida. No se trata de prohibir su uso comercial, sino de reconocer que forman parte de un patrimonio colectivo y que, por tanto, deben someterse a reglas, auditorías y mecanismos que aseguren un acceso equitativo y la posibilidad de corregir abusos.
Las consecuencias prácticas son importantes. Si los datos son un bien común, las grandes plataformas no pueden cerrarlos al resto del ecosistema sin justificación; los algoritmos que deciden sobre concesión de créditos, selección de personal o acceso a servicios deben ser transparentes y auditables; los Estados pueden exigir formas de soberanía digital sobre los datos sanitarios, demográficos o educativos generados por su población; y la distribución de los beneficios derivados de la explotación de la información no puede quedar exclusivamente en manos privadas. Es aquí donde la encíclica conecta con debates regulatorios concretos que ya se libran en la Unión Europea, como la aplicación del Reglamento de Inteligencia Artificial o las normas sobre mercados y servicios digitales. La novedad del texto, en consecuencia, no es inventarse un concepto, sino trasladar un principio ético reconocido a un terreno donde la regulación aún se está construyendo.
Las controversias: Anthropic, la guerra justa y una petición de perdón
El documento no llega exento de polémica. La presentación en el Aula del Sínodo contó con la presencia de Chris Olah, cofundador de Anthropic, una de las grandes compañías de inteligencia artificial del momento. La compañía cerró pocos días después una ronda de financiación que la valora en cerca de 965.000 millones de dólares, según datos publicados por la agencia Bloomberg, una cifra superior al producto interior bruto de la mayoría de los países del mundo. Para algunos analistas, la presencia de un directivo del sector en la presentación supone un diálogo histórico entre la Iglesia y la industria tecnológica. Para otros, entre ellos la investigadora Timnit Gebru, especializada en ética de la inteligencia artificial, supone un lavado ético que normaliza la influencia de una empresa concreta en un debate que debería ser de interés general.
El segundo punto controvertido es la afirmación, contenida en el párrafo 192, de que la teoría de la «guerra justa» está hoy superada. La doctrina católica venía aceptando, desde la teología medieval, que en determinadas condiciones podían existir guerras moralmente legítimas. León XIV cierra esa puerta sin renunciar al derecho a la legítima defensa, pero rechaza la fuerza como herramienta política y descarta que algoritmos puedan decidir sobre la vida y la muerte en operaciones militares automatizadas. El argumento ha sido bien recibido por la diplomacia europea y discutido con dureza por sectores conservadores dentro y fuera del catolicismo.
El tercer episodio relevante es la petición de perdón, en el párrafo 176, por la complicidad histórica de la institución eclesiástica con la esclavitud. Hasta ahora la Iglesia había pedido perdón por actitudes de cristianos individuales. León XIV asume por primera vez una responsabilidad institucional, recordando que la condena formal y universal de la esclavitud no llegó hasta el siglo XIX. La declaración ha sido considerada un paso significativo por historiadores especializados, aunque también ha generado críticas en sectores tradicionalistas.
La pregunta de fondo: ¿servirá de algo?
Una encíclica no es una norma con fuerza legal. Su impacto depende de la influencia cultural y diplomática que consiga. La Comisión Europea reaccionó con cortesía, recordando que el marco regulatorio sobre inteligencia artificial ya está en marcha en territorio comunitario. Las grandes empresas tecnológicas, con la excepción de Anthropic, han guardado un silencio prudente. Y en el debate académico abundan las voces escépticas. La teóloga Noreen Herzfeld, especializada en ética tecnológica, lo resumía con franqueza: dentro de la Iglesia el documento será una referencia para sacerdotes, educadores y seminaristas, pero no espera que los grandes responsables de Silicon Valley le presten demasiada atención.
El escepticismo es razonable. Sin embargo, ese argumento puede aplicarse a casi todas las declaraciones internacionales de principios, desde la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta los acuerdos sobre clima. El valor de estos textos no reside solo en producir cambios inmediatos, sino en aportar un vocabulario compartido que después ciudadanos, reguladores y tribunales puedan utilizar. Magnifica Humanitas aporta uno: el de tratar los datos, los algoritmos y la atención como bienes que pertenecen al conjunto y no como simples mercancías que pueden capturarse sin contrapartidas.
Si esa idea cuaja o no, dependerá menos del Vaticano que de la conversación pública. Y la conversación pública depende, en buena medida, de que la ciudadanía llegue a estos debates con criterio propio. Lo que se discute al regular la inteligencia artificial no es solo qué pueden hacer las máquinas, sino quién decide qué hacen y a quién benefician sus resultados. En esa pregunta —la de quién decide y para quién— la encíclica de León XIV se sitúa, sin pedir permiso, en el centro del debate.
