Alcalá de Guadaíra, 24 de septiembre de 2026. Las plantas solares de Alcalá de Guadaíra tendrán que ajustarse a la zonificación que fijó el Ayuntamiento. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de la empresa Bogaris PV5 contra la modificación del Plan General que ordena dónde pueden instalarse. La sentencia no ha cerrado el debate: gobierno local y oposición discrepan sobre su alcance.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA dictó el fallo el 11 de septiembre. Rechaza íntegramente el recurso e impone las costas a la empresa.
El tribunal reconoce que el Ayuntamiento puede ordenar los usos del suelo y fijar dónde se ubican estas instalaciones. Según la información difundida por el Consistorio, la sentencia distingue entre regular el emplazamiento de las plantas y prohibirlas.
La mitad del suelo no urbanizable
De acuerdo con el Ayuntamiento, la modificación deja disponible para plantas solares el 52,07 % del suelo no urbanizable del municipio. El tribunal considera que no se ha demostrado que esa superficie sea insuficiente para producir electricidad de forma significativa.
La sentencia también respalda que se excluyan zonas por su valor paisajístico, entre ellas la vega del Guadaíra, el entorno del monumento natural Riberas del Guadaíra y el escarpe de Los Alcores. A juicio del tribunal, la implantación dispersa y sin control de estas plantas no es compatible con proteger el paisaje.
Dos lecturas del mismo fallo
Andalucía Por Sí ha valorado positivamente la sentencia. La formación pide aprovechar el nuevo Plan General de Ordenación Municipal, en elaboración, para ampliar las zonas protegidas y reforzar la protección del suelo agrícola.
Vox sostiene lo contrario. Su portavoz municipal, Pedro Navarro, acusa al gobierno local de hacer una lectura «triunfalista» del fallo. Según Navarro, la modificación avalada permitiría destinar a plantas fotovoltaicas hasta el 52 % del suelo rústico. Su grupo reclama que no se autoricen nuevas instalaciones.
Lo que falta por saber
Ni el Ayuntamiento ni la empresa han precisado cuántas hectáreas supone ese porcentaje ni cuánto suelo ocupan ya las plantas en funcionamiento. Tampoco se ha informado de si Bogaris PV5 recurrirá ante el Tribunal Supremo.
