Sevilla, 3 de diciembre de 2025. El Parlamento Europeo aprobó este miércoles una resolución, con 483 votos a favor, 92 en contra y 86 abstenciones, en la que insta a fijar una edad mínima armonizada de 16 años para que los menores puedan acceder libremente a redes sociales, plataformas de vídeo y servicios de inteligencia artificial. Con ello, los adolescentes de entre 13 y 16 años sólo podrían registrarse con el consentimiento explícito de sus progenitores.
Además de la edad mínima, la resolución pide eliminar por defecto las funciones de diseño consideradas «adictivas», como el desplazamiento infinito, la reproducción automática o las mecánicas de recompensa. También pretende prohibir la publicidad dirigida agresivamente a menores, los algoritmos de recomendación basados en la interacción y otros elementos que puedan influir negativamente en su salud mental.
¿Qué supone la medida?
La propuesta no tiene carácter vinculante por ahora, pero marca claramente la postura del Parlamento Europeo respecto a la protección de menores en línea. En los próximos meses, corresponderá a la Comisión Europea convertir estas recomendaciones en norma, algo que podría tardar —como advierten fuentes comunitarias— varios años.
Para familias de municipios pequeños o medianos —como muchos en la provincia de Sevilla— la iniciativa llega en un contexto en el que ya existe preocupación por el uso temprano de móviles y redes sociales por parte de menores. Las recomendaciones suponen un esfuerzo por reducir los riesgos relacionados con adicción, exposición a contenido inapropiado o pérdida de privacidad.
Reacción social y próximas fases
Algunos Estados miembros ya exploran restricciones similares. La medida podría abrir un debate sobre la implementación de sistemas de verificación de edad —como identidades digitales o registro obligatorio— para garantizar su cumplimiento. Por otra parte, organizaciones que defienden derechos digitales advierten de los desafíos técnicos y de privacidad que conllevan estas verificaciones, así como del riesgo de dejar fuera del debate a adolescentes entre 13 y 16 años.
Mientras tanto, padres, educadores y responsables públicos deberán prepararse para un posible cambio de paradigma: redes sociales más reguladas, menores cuentas sin supervisión adulta y una mayor responsabilidad de las plataformas.
