Sevilla, 24 de febrero de 2026. La Junta de Andalucía ha declarado oficialmente desastre natural la sucesión de borrascas registrada entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026, con incidencia en el potencial productivo agrario y pesquero, además de en infraestructuras hidráulicas y en el dominio público hidráulico. La medida, publicada en el BOJA, reconoce daños “graves y generalizados” en explotaciones agrícolas y ganaderas, caminos rurales e infraestructuras de riego, y abre la puerta a activar ayudas y actuaciones urgentes para reparar lo dañado.
En la provincia de Sevilla, donde las lluvias han afectado tanto a zonas de campiña como a áreas de sierra y regadíos, el acuerdo aporta un marco jurídico y administrativo excepcional. La pregunta en muchos municipios es directa: qué cambia en la práctica y cuándo llegará el respaldo económico a explotaciones y entidades locales.
Qué reconoce el BOJA: daños en suelos, fincas, caminos y riegos
El texto del Consejo de Gobierno describe un episodio de lluvias persistentes con acumulados que, en amplias zonas, han superado los 300-400 litros por metro cuadrado, con valores puntualmente superiores. Señala inundaciones, saturación prolongada de suelos, arrastres de tierras y pérdida de suelo fértil, además de daños en sistemas productivos y en infraestructuras de riego.
Uno de los apartados más concretos para el medio rural es el relativo a la red de caminos rurales: el BOJA menciona tramos destruidos o intransitables, pérdida de firmes, colapso de cunetas, pasos de agua y drenajes, e incluso situaciones de aislamiento temporal de explotaciones que han dificultado el acceso a parcelas y la realización de labores esenciales.
Qué habilita la declaración: ayudas y contratación por emergencia
El acuerdo declara el desastre natural e insta a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural a poner en marcha “las ayudas necesarias” para recuperar la capacidad productiva del sector agroalimentario, así como las infraestructuras hidráulicas, con cargo a fondos europeos, nacionales y autonómicos, y solicitando la activación de mecanismos extraordinarios.
En la parte operativa, el BOJA abre explícitamente la vía de la tramitación de emergencia para reparar de forma inmediata caminos rurales intransitables o peligrosos y otras infraestructuras agrarias estratégicas, además de actuaciones urgentes en infraestructuras hidráulicas y dominio público hidráulico. Esto significa, en términos prácticos, que la administración puede acelerar contrataciones para ejecutar obras y reparaciones sin los plazos habituales, dentro del marco legal previsto para emergencias.
Plazos y dinero: primeras referencias a abril y junio
Más allá del decreto, las informaciones publicadas tras la reunión del Consejo de Gobierno en Adamuz aportan un primer calendario orientativo: el presidente de la Junta, Juanma Moreno, indicó que, si los trámites van “según lo previsto”, las ayudas podrían solicitarse en la primera quincena de abril y empezarían a concederse a principios de junio.
Otra medida con impacto directo en ayuntamientos: la Junta acordó declarar la “situación excepcional” para poder otorgar ayudas a municipios afectados por catástrofes, con un paquete de 35 millones de euros dirigido a entidades locales afectadas, destinado principalmente a la restitución, reparación y rehabilitación de infraestructuras e instalaciones públicas dañadas en el periodo comprendido entre el 23 de enero y el 16 de febrero.
Para la Sevilla rural, esta línea municipal es clave: la reparación de caminos agrícolas y pequeñas infraestructuras locales suele depender de presupuestos limitados, y los daños en accesos no solo afectan a la economía agraria, también condicionan la movilidad diaria y el funcionamiento de servicios.
Trámites agrarios: ampliación del plazo de la Solicitud Única PAC
Como efecto vinculado a esta situación excepcional, el BOJA también recoge la ampliación del plazo de presentación de la Solicitud Única de ayudas hasta el 15 de mayo de 2026, justificándola en la necesidad de que agricultores y ganaderos puedan adoptar adecuadamente sus decisiones productivas y reflejarlas en sus solicitudes tras el impacto del temporal.
El reto, a partir de ahora: del reconocimiento a la ejecución
El BOJA deja constancia de que la Consejería activó su Comisión de Catástrofes a finales de enero y que se recabaron informes territoriales para elevar la declaración de desastre natural al Consejo de Gobierno. A partir de aquí, la fase decisiva para el campo sevillano será la concreción en convocatorias, criterios y tramitación efectiva.
En escenarios como el actual, el tiempo administrativo también cuenta: las lluvias han condicionado siembras, accesos y trabajos en finca, y el impacto económico se acumula campaña tras campaña. La declaración de desastre natural supone un respaldo institucional y habilita instrumentos excepcionales; el equilibrio estará en que las medidas anunciadas se traduzcan en reparaciones y ayudas con plazos asumibles, especialmente para explotaciones familiares y municipios con menor capacidad técnica y presupuestaria.
