Sevilla, 16 de julio de 2025. La tensión entre las asociaciones de familias con hijos con trastorno del espectro autista (TEA) y la Junta de Andalucía ha alcanzado un punto crítico tras meses de desencuentros sobre los recursos disponibles en el sistema educativo andaluz. La polémica se intensificó tras unas declaraciones del delegado territorial de Desarrollo Educativo en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, que han sido calificadas por las familias como «una falta de respeto» y «un desprecio a la diversidad».
Durante una reunión mantenida el pasado 20 de enero con representantes de 16 asociaciones de madres y padres de Sevilla, Araúz pronunció la frase: “¿Para qué quiere un niño con autismo personal de apoyo? ¿Para aprender a mover la lengua delante del espejo?”. El comentario, que provocó una fuerte reacción emocional en varias de las madres presentes, fue duramente criticado por diversas entidades y partidos políticos, que exigieron su dimisión.
Más allá de la polémica puntual, el conflicto ha puesto de manifiesto problemas estructurales en la atención a la diversidad educativa. Las asociaciones critican que la Junta no garantice la figura del llamado “profesor sombra” o monitor de apoyo en el aula, lo que obliga a las familias a asumir el coste económico de estos profesionales a través de asociaciones o voluntariado. En muchos casos, el apoyo cuesta más de 10 euros por hora, una cifra inasumible para numerosas familias.
La Federación Autismo Andalucía anunció en julio su decisión de romper el convenio con la Junta debido a la falta de compromiso institucional y financiación suficiente. Desde Autismo España también se ha respaldado la protesta, subrayando que “no puede ser que las familias tengan que costear los apoyos que la educación pública debería garantizar”.
Por su parte, la Junta defiende que ha aumentado en un 34 % la plantilla de profesionales de atención a la diversidad desde 2018, alcanzando más de 13.600 efectivos y una inversión de cerca de 600 millones de euros. Sin embargo, las familias aseguran que esos recursos no se reflejan en las aulas: los especialistas suelen atender a varios centros y los alumnos con TEA quedan desatendidos en muchos momentos clave de la jornada escolar.
El conflicto ha derivado en concentraciones frente al Parlamento andaluz y una campaña de recogida de firmas lanzada por las familias y entidades del ámbito del autismo. Su petición es clara: una educación verdaderamente inclusiva, con apoyos profesionales financiados públicamente y una política educativa que respete la dignidad del alumnado con necesidades específicas.
