Sevilla, 31 de marzo de 2026. La coalición Andalucistas ha reclamado la puesta en marcha de un Plan Andaluz de Seguridad y Soberanía Energética con el objetivo de reforzar la capacidad de decisión de la comunidad sobre sus recursos y aumentar el impacto económico de la producción energética en el territorio. La propuesta se produce en un contexto en el que Andalucía lidera el crecimiento de energías renovables en España, pero, según la formación, sin un retorno proporcional en términos industriales y sociales.
El candidato a la Presidencia de la Junta, Christopher Rivas, ha defendido que la comunidad “no puede seguir siendo una simple plataforma energética al servicio de otros”, subrayando la necesidad de vincular la producción energética con la generación de empleo estable, industria y autonomía económica.
Liderazgo en renovables con margen de mejora
Los datos oficiales sitúan a Andalucía como una de las principales potencias energéticas del sur de Europa. En 2025, la comunidad alcanzó los 17.360 megavatios (MW) de potencia renovable instalada, tras un crecimiento del 20% en un solo año. Este desarrollo ha movilizado cerca de 2.900 millones de euros de inversión y ha generado más de 8.600 empleos asociados a la construcción de instalaciones.
Además, el 70,3% de la capacidad total de generación eléctrica andaluza ya procede de fuentes renovables, lo que refleja un avance significativo en la transición energética. Sin embargo, desde Andalucistas se insiste en que este liderazgo no se traduce aún en un fortalecimiento equivalente del tejido productivo ni en beneficios directos para las familias.
Distintos análisis sobre el sistema energético andaluz apuntan a déficits estructurales relacionados con la planificación, la infraestructura y la capacidad de gestión, factores que condicionan el aprovechamiento pleno de este crecimiento.
Infraestructura y almacenamiento, claves del sistema
Uno de los principales retos señalados es la limitada capacidad de almacenamiento energético. Actualmente, Andalucía cuenta con apenas 571 MW en este ámbito, una cifra que contrasta con el volumen de energía generada y que evidencia la necesidad de reforzar la estabilidad del sistema.
La coalición propone impulsar inversiones en infraestructuras eléctricas y en tecnologías de almacenamiento, así como fomentar el autoconsumo y las comunidades energéticas locales. En este sentido, la comunidad ya supera las 197.800 instalaciones de autoconsumo, con más de 1.900 MW asociados, lo que muestra un crecimiento sostenido en este modelo.
Estas medidas buscan no solo mejorar la resiliencia energética, sino también favorecer un reparto más equitativo de los beneficios, especialmente en municipios donde se concentran grandes proyectos energéticos.
Retorno territorial y desarrollo local
El debate planteado por Andalucistas pone el foco en el retorno económico y social de las inversiones energéticas. La formación advierte de que, pese al volumen de proyectos en marcha, gran parte del valor añadido, la planificación y el control siguen concentrándose fuera de Andalucía.
Este enfoque tiene implicaciones directas para el desarrollo local, especialmente en zonas rurales donde se ubican muchas de las instalaciones renovables. La falta de mecanismos que garanticen un impacto económico sostenido en estos territorios plantea interrogantes sobre la equidad del modelo actual.
En este contexto, la transición energética se presenta no solo como un desafío medioambiental, sino también como una oportunidad para impulsar el emprendimiento, la industria local y la fijación de población en áreas rurales.
Una oportunidad condicionada
La coalición andalucista considera que Andalucía se encuentra ante una oportunidad estratégica dentro del nuevo mapa energético europeo. Sin embargo, advierte de que, sin una planificación propia y sin mayor capacidad de decisión, existe el riesgo de que el crecimiento del sector no se traduzca en mejoras estructurales para la economía regional.
El debate sobre la soberanía energética, en este sentido, trasciende el ámbito técnico y se sitúa en el centro de la política económica y territorial. La evolución del modelo dependerá, en gran medida, de la capacidad de integrar el desarrollo de energías renovables con políticas que garanticen sostenibilidad, equilibrio territorial y retorno económico.
