Sevilla, 29 de julio de 2025. La Junta de Andalucía ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el Real Decreto 1312/2024, aprobado por el Gobierno de España, que establece un registro único estatal de viviendas de uso turístico (VUT). La administración andaluza considera que esta normativa vulnera competencias autonómicas, genera inseguridad jurídica y duplica trámites administrativos ya existentes a nivel regional.
El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, anunció el recurso el pasado 23 de mayo, calificando el registro único como una “imposición” del Ejecutivo central “sin consenso con las comunidades autónomas”, lo que, a juicio del Gobierno andaluz, supone una invasión directa de las competencias que las regiones tienen en materia de turismo. Bernal señaló que la Junta no se opone a la regulación de los alquileres turísticos, pero sí al modo en que se ha diseñado este sistema estatal, al que tilda de «confuso» y «contraproducente» para los usuarios y administraciones autonómicas.
Según el Real Decreto 1312/2024, aprobado el 23 de diciembre de 2024 y desarrollado en el marco de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, los propietarios de viviendas turísticas deberán registrarse en una base de datos nacional para poder operar legalmente a partir del verano de 2025. La medida pretende facilitar la fiscalización y trazabilidad del alquiler vacacional, así como garantizar los derechos de los consumidores. Entre los requisitos del nuevo sistema figuran la obligación de contar con un código de identificación estatal y la presentación de determinada documentación ante la administración central, aunque muchos de esos trámites ya se gestionan en los registros autonómicos.
El recurso de la Junta se sustenta en la duplicidad de funciones y en que la norma estatal no ha sido fruto de una concertación previa con las comunidades, algo que el propio Bernal ha criticado en declaraciones recogidas por diversos medios. Desde la perspectiva de Andalucía, la creación de un registro nacional vulnera la capacidad organizativa y reguladora que el Estatuto de Autonomía otorga a la comunidad en materia turística. Además, la Junta lamenta que no se haya valorado la existencia de registros propios ya consolidados, como el andaluz, en funcionamiento desde 2016.
Junto a Andalucía, la Comunidad Valenciana también ha anunciado que recurrirá el decreto. Ambas regiones se encuentran entre las principales receptoras de turismo en España, y comparten la preocupación por el impacto administrativo y jurídico de la medida.
Desde el Gobierno central, sin embargo, se defiende la medida como necesaria para evitar el fraude, armonizar los datos del sector y mejorar la coordinación entre administraciones. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha explicado que el objetivo del registro único es dotar de transparencia al mercado y proteger tanto a los usuarios como a los vecinos afectados por el uso turístico de viviendas en zonas tensionadas.
Algunas plataformas digitales como Airbnb han comenzado ya a adaptar sus sistemas a la nueva normativa. La empresa ha anunciado que retirará de sus catálogos las viviendas que no cuenten con el nuevo código de registro estatal, lo que añade presión a los propietarios para cumplir con las nuevas exigencias. Este cambio está previsto a partir de agosto, momento en el que el real decreto comenzará a aplicarse de forma efectiva.
Mientras tanto, asociaciones del sector han expresado su preocupación por la implementación del sistema. Según recoge Hosteltur, la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) ha alertado sobre la “falta de diálogo previo” con los actores implicados y los “riesgos de inseguridad jurídica” que puede conllevar el nuevo registro, sobre todo en comunidades que ya gestionan sistemas consolidados.
En Andalucía, la respuesta institucional ha sido clara. La Consejería de Turismo ha reiterado que no se trata de una oposición a la regulación del sector turístico, sino a la forma en que se ha impuesto un modelo centralizado sin coordinación previa. En palabras del propio consejero Bernal, la Junta “seguirá defendiendo sus competencias y su capacidad para ordenar su modelo turístico”.
El recurso está actualmente en fase de admisión en la Audiencia Nacional. A la espera de una resolución judicial, el debate sobre la legalidad del registro único de viviendas turísticas añade un nuevo capítulo al conflicto competencial entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas en torno a la regulación del mercado turístico, especialmente en un contexto de creciente presión sobre el parque de viviendas en zonas de alta demanda.
