Sevilla, 26 de febrero de 2026. La Junta de Andalucía ha publicado la convocatoria 2026 de ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo, una línea financiada con fondos europeos (FEAGA) y dotada con un presupuesto inicial de 2,5 millones de euros. La orden, encuadrada en la Intervención Sectorial del Sector Vitivinícola Español (2024-2027), se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y permite financiar operaciones como replantaciones, cambios varietales o mejoras de gestión, además de contemplar compensaciones por pérdida de ingresos mientras la nueva plantación entra en producción.
En la provincia de Sevilla, donde el viñedo forma parte del paisaje y del tejido productivo de comarcas como el Aljarafe, la Sierra Sur o el entorno del Bajo Guadalquivir, la convocatoria vuelve a colocar sobre la mesa un debate de fondo: si las explotaciones están preparadas para el cambio que ya están imponiendo el mercado y las condiciones climáticas. La ayuda no es solo un mecanismo financiero; en la práctica, puede convertirse en un empujón para revisar modelos productivos que, en muchos casos, acumulan limitaciones conocidas: dimensión reducida, envejecimiento de titulares, mecanización desigual y márgenes cada vez más estrechos.
Qué actuaciones cubre la convocatoria
La orden permite subvencionar cuatro tipos de operaciones: replantación (con o sin sistema de conducción), reconversión mediante cambio de variedad, mejora de técnicas de gestión y replantación tras arranque obligatorio por motivos sanitarios o fitosanitarios.
Dentro de esas operaciones, se incluyen acciones concretas como arranque, preparación del suelo, fertilización, plantación e injertado en campo, así como la instalación de espaldera, desinfección, despedregado, nivelación o abancalamiento, entre otras.
La orden detalla importes máximos por acción y operación. Por ejemplo, para replantación contempla conceptos como la instalación de espaldera con un importe máximo de 4.237,91 euros por hectárea y el abancalamiento con hasta 10.173,01 euros por hectárea; en mejora de técnicas de gestión, el cambio de vaso a espaldera figura con 5.127,29 euros por hectárea como importe máximo.
Quién puede solicitarla y qué viñedos quedan fuera
Podrán acceder a la ayuda viticultores y futuros viticultores cuyos viñedos (o plantaciones proyectadas) se destinen a uva de vinificación y estén inscritos a su nombre en el Registro Vitícola de Andalucía, o cuenten con resolución de arranque o autorización de plantación en la fecha de solicitud. Si la persona solicitante no es propietaria de la parcela, deberá contar con autorización expresa del titular.
La convocatoria también fija exclusiones. De forma general, quedan fuera superficies que hayan recibido ayudas similares en las últimas diez campañas (con matices según tipo de operación) y viñedos plantados con autorizaciones de nueva plantación dentro de los primeros cinco años desde la fecha de plantación. También se contemplan restricciones ligadas al cumplimiento de la normativa de plantaciones y a declaraciones obligatorias del sector.
Plazo y compensación por pérdida de ingresos
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto correspondiente en el BOJA.
Además de sufragar parte de los costes de las actuaciones, la convocatoria incorpora una compensación por pérdida de ingresos. Para 2026, el importe fijado para Sevilla es de 1.509,43 euros por hectárea, con cuantías que varían por provincias.
El presupuesto inicial asciende a 2.500.000 euros, aunque la orden prevé la posibilidad de incorporar cuantía adicional antes de la resolución sin abrir un nuevo plazo de solicitudes.
La lectura en clave sevillana: modernización, adaptación climática y valor añadido
Más allá del detalle administrativo, la convocatoria llega en un momento en el que el sector vitícola se enfrenta a tensiones simultáneas: episodios de calor extremo, estrés hídrico y necesidad de adaptación técnica, pero también un mercado que demanda diferenciación, calidad y trazabilidad. En ese marco, actuaciones como el cambio varietal o la transición a sistemas que faciliten mecanización y manejo pueden ayudar a mejorar eficiencia y resiliencia.
El límite máximo de 20 hectáreas por solicitud (según el planteamiento recogido en la información aportada) puede encajar con una estructura provincial en la que predominan superficies moderadas: no se trata tanto del tamaño como de la coherencia del proyecto y su enfoque a medio plazo.
El riesgo, señalan voces del propio sector en el debate provincial, es que la reestructuración se quede solo en la parcela. El salto competitivo suele depender también de integrar producción, transformación y comercialización, especialmente para no perder valor añadido cuando la uva se vende sin capacidad de posicionamiento propio. En municipios medianos y pequeños, cada hectárea en activo sostiene empleo, cooperativas, transportes y servicios vinculados; por eso, la expectativa no es solo ejecutar fondos, sino orientar la ayuda hacia un modelo viable que facilite relevo generacional y fije actividad económica.
